El gobierno colombiano, a través de su regulador de tráfico, está redactando un proyecto de ley para aumentar las multas para aplicaciones de transporte como Uber, que son ilegales en Colombia.
Los usuarios serán multados con más de 10 millones de pesos, según el documento, pero no serán los únicos afectados.
La Policía de tránsito puede enviar vehículos que presten dichos servicios a los patios durante dos a cuatro meses; además, los dueños de bodegas y otros inmuebles arrendados a plataformas de transporte podrán ser multados con más de 60 millones de pesos por “permitir a los usuarios acceder, monitorear o controlar la transmisión de estos servicios o eludir el control de la plataforma de transporte”.
El artículo 51 del proyecto de ley menciona “serán sancionadas con multas de doscientos cincuenta (250) Unidades de Valor Tributario (UVT) los contratantes del servicio que incurran en las siguientes infracciones: contratar el suministro de transporte con personas naturales o jurídicas no autorizadas. La sanción será impuesta por cada vehículo usado en los servicios contratados”.
“Esto nos deja confundidos y decepcionados de un Gobierno que supuestamente es de cambio, no estamos haciendo nada malo”, dijo Rafael Gaviria, presidente de presidente de la asociación de usuarios y conductores Distrito Privado.
Según afirma Gaviria esto puede significar que le quiten el derecho a trabajar a estas plataformas. Las empresas de la industria también están preocupadas por la medida, ya que les abre la puerta para bloquear aplicaciones que “violarían el principio de neutralidad de la red”, que prohíbe a los gobiernos restringir el contenido en Internet. Esta medida incluiría aplicaciones cómo DiDi, Cabify, InDriver y Uber.
“Deja sin trabajo a unas 100.000 personas que no tienen otros ingresos. Es una medida que va a generar pobreza, que va a generar desigualdad y no tiene ninguna razón de ser en este momento”, dijo el presidente de Alianza In, José Daniel López
Por su parte, el Ministerio de Transporte se pronunció con respecto a dicho proyecto, asegurando que el miércoles 1 de febrero se reunirá con las partes implicadas en una mesa de trabajo.
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